Desarrollo de programas piloto de adaptación al riesgo de inundación y de fomento de la conciencia del riesgo de inundación en diversos sectores económicos
Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), como herramienta clave de la Directiva de Inundaciones, tienen entre otros objetivos, lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y de la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones y mejorar el conocimiento en materia de gestión del riesgo de inundación.
Los PGRI actualmente vigentes establecen la necesidad de desarrollar medidas para incrementar la conciencia pública en la preparación para las inundaciones y mejorar las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.
Entre estas medidas, dentro del marco del Plan PIMA Adapta Agua, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la colaboración de los sectores implicados, ha elaborado una serie de guías (enlace a la pantalla de “Adaptación al riesgo de inundación” para facilitar la adaptación al riesgo de inundación.
Este contrato de servicios pretende contribuir de forma esencial al objetivo del PGRI de incrementar la percepción del riesgo de inundación y mejorar las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. Para ello prevé la puesta en marcha de forma piloto de ejemplos que permitan profundizar en el contenido técnico de las guías de adaptación al riesgo de inundación, desarrollando procedimientos para la evaluación de daños asociados a las inundaciones y diseñando programas y acciones piloto en los siguientes sectores:
- Agricultura y ganadería
- Instalaciones e industrias (EDARs, estaciones de suministro de carburantes, instalaciones eléctricas, redes de comunicación, infraestructuras estratégicas e industrias)
- Equipamientos urbanos y edificaciones (Centros escolares o sanitarios, superficies comerciales, patrimonio cultural, centros asistenciales,…)
El ámbito geográfico del trabajo objeto del presente contrato se corresponde con el territorio de las demarcaciones hidrográficas españolas con PGRI aprobado.
Con un plazo de 24 meses y 2.466.981 € de presupuesto, el contrato se inició en junio de 2020.
